Zohra, el pasado 26 de junio, durante su primer intento de desahucio | FOTO: XLAVAPIES

El pasado 10 de julio se ejecutaba el desahucio de Marina, una vecina de 94 años que vivía en el número 35 de la calle Doctor Fourquet. Catorce días después, en el 31 de la calle Zurita se desahuciaba a Zohra, su marido y su hijo de 9 años.

Sin alternativa habitacional a las respectivas viviendas de las que fueron obligadas a salir, a estas dos antiguas vecinas de Lavapiés, desde el Ayuntamiento de Madrid, a través del Samur Social, se les ofreció un techo bajo el que alojarse, aunque de manera temporal.

Pasados dos meses Marina continúa en la residencia de la zona de Pacífico a la que fue trasladada. Sus antiguas vecinas, con las que sigue manteniendo contacto, cuentan que «están esperando a ver cómo de contenta está para si no intentar que la muevan cuando haya plaza a otra residencia más cercana» a Lavapiés, su barrio de siempre.

CUENTA ATRÁS, DE NUEVO, PARA ZOHRA

La suerte de Zohra, sin embargo, es muy diferente a la de Marina. A ella y a su familia se le acaba el tiempo para buscar un nuevo lugar en el que poder vivir porque, según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, este miércoles deberá abandonar la habitación en la residencia de Las Caracolas en la que viven desde que perdieron su hogar.

Las Caracolas es un centro de acogida temporal «formado por cubículos prefabricados en los que cada familia tiene una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Ahora, los Servicios Sociales insisten en que en los dos meses que lleva en el centro Zohra ha tenido tiempo de encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos«, cuentan desde el Sindicato antes de rebatir esa afirmación con argumentos como que «Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital, mientras que los precios del alquiler de una vivienda alcanzan los 1.400 euros mensuales, con requisitos además de tener contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud».

La situación de Zohra es desesperada: «A pesar de llevar más de un año solicitando un alquiler social en Servicios Sociales, las administraciones no han dado respuesta y le han comunicado que el día 18 es la fecha límite para abandonar Las Caracolas».

Fuentes del Sindicato de Inquilinos recuerdan también que, «a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad que marca el Real Decreto que suspende los desahucios, una decisión judicial de no aplicar dicha suspensión, argumentando que Zohra no ha podido demostrar que su casero poseía 27 viviendas», la dejó en la calle.

Este martes, desde las 11 horas y frente a La Caracolas (Avenida Mayorazgo, 1, Villa de Vallecas) hay convocada una pequeña concentración para denunciar, una vez más, la situación por la que atraviesa Zohra, acompañarla y pedir que «la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal».