Momento en el que el policía golpea con su porra en el cuello al ciudadano que estaba identificando y que había manifestado su intención de obedecer lo que se le decía | Imagen: PipoLN

Cualquiera de las investigaciones abiertas sobre la polémica detención de dos personas negras en Lavapiés que no acabe censurando, cuanto menos, la actuación del agente que golpea con su defensa de dotación, con su porra extensible, el cuello de uno de los arrestados va a tener difícil encaje entre los partidos políticos, organizaciones y ciudadanos que han denunciado abuso policial y racismo institucional en unos hechos que han visto ya cientos de miles de personas gracias a la grabación de los mismos por parte de un testigo y a la difusión de esas imágenes en redes sociales y medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.

Ya sea la investigación del Ministerio del Interior, la de Delegación de Gobierno o la de la propia Policía Nacional, todas ellas en marcha, según se ha ido anunciando entre el domingo y el lunes, van a tener complicado justificar el proceder de ese agente que, a primera hora de la mañana del pasado viernes, echó mano de su bastón policial para golpear primero dos veces en la parte inferior de la espalda a uno de los jóvenes que ya estaba en el suelo inmovilizado por otro policía y, luego, para propinar un fuerte y seco golpe en la garganta al otro detenido que, en actitud tranquila y habiéndole pedido calma, se disponía a obedecer la orden del agente de sentarse en el suelo cuando fue agredido por éste.

USO INDEBIDO DE LA DEFENSA DE DOTACIÓN

Y es que el uso de la porra extensible, que es en sí un arma de uso exclusivo policial, está regulado y restringido. A través de una disposición relevante de la Orden General Nº 2488, del 21 de diciembre de 2020, se imparten instrucciones precisas sobre su utilización por parte del personal de la Policía Nacional.

Emitida por la Dirección General de la Policía, parte del contenido de esa resolución fue anunciado y publicado en distintos medios de comunicación en julio de 2020, cuando aún se estaba ultimando.

Si bien este periódico no ha podido consultar el texto final de la misma, entre las indicaciones más destacadas que se anticipó que contendría el documento definitivo estaba la prohibición de, «bajo ningún concepto», golpear con ellas en «cabeza, cuello, clavícula o columna vertebral».

Así lo recogía El País ‘en un artículo en el que también se hablaba de que su utilización exigía que los agentes adquieran una “formación teórico-práctica” para emplearlas que incluía «aspectos como la manipulación, el mantenimiento y la correcta utilización» y también “deontológicos”.

Según el diario de Prisa, el protocolo indicaría expresamente que la nueva defensa solo se podría usar después de «agotar las vías de diálogo, negociación y mediación previstas» y con el objetivo de “reducir, inmovilizar o detener” a personas que muestren “una resistencia activa que ponga en riesgo la integridad física de los agentes o terceras personas”, puedan actuar de manera violenta o ya lo hayan hecho, amenacen con un arma blanca u otro objeto peligroso o estén a punto de poner en riesgo su vida.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que, en lo que respecta al protocolo de empleo de la defensa de dotación, da igual las razones que hayan originado la intervención policial.

Según la misma policía, la llegada de esta resolución iba a dar “mayor seguridad jurídica tanto al agente como a los ciudadanos, porque se sabrá cuándo se puede usar y cuándo no. Antes quedaba a discreción del policía”, relataban a El País.

La elaboración de ese protocolo comenzó después de que Interior, a petición de la Dirección General de Policía y para un mejor equipamiento material de los agentes, decidiera invertir un millón de euros en la compra de 15.400 nuevas defensas metálicas que durante dos años fueron sustituyendo a las anteriores.

En cualquier caso y más allá de ese protocolo específico, según afirma un policía nacional en declaraciones a xLavapiés, las normas genéricas para el uso de la fuerza siempre «se rigen por los siguientes principios de actuación: adecuación al Ordenamiento Jurídico, oportunidad, congruencia, proporcionalidad y principio de menor lesividad posible».

La instrucción número 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprueba el Procedimiento Integral de la Detención Policial remite a los protocolos de actuación previstos y aprobados por las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil para indicar cómo podrán hacer uso de los medios de dotación autorizados sus agentes, ya sean defensas, sprays, dispositivos eléctricos de inmovilización y, como último recurso, el arma de fuego.

PROPORCIONALIDAD

A raíz de lo sucedido en Lavapiés y de la investigación abierta por Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, su titular, Francisco Martín, ha indicado que «la proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial».

Para partidos políticos como Sumar, Más Madrid y Podemos, hay indicios de que la actuación policial en Lavapiés no fue correcta y han pedido explicaciones al Gobierno e investigación. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ido más allá y reclamaba este lunes «el cese inmediato» del ministro de Interior, Grande-Marlaska, tras la «violencia policial, con tintes racistas» que aprecia en el vídeo de las detenciones en Lavapiés.

La investigación de los hechos de Interior queda a cargo de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), según un comunicado del ministerio. Es la encargada de «velar por el cumplimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) de las normas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas» y actúa «como un mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación que ayude a visibilizar e impulsar el compromiso de las FCSE con el respeto a los derechos humanos, para lo que analiza hechos y actuaciones que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas con ocasión de una actuación policial».

Por su parte, sindicatos de policía respaldan la actuación de los agentes, a la vez que critican al Ministerio del Interior. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) habla de «cacería hacia los servidores públicos que cumplían con su deber».

PUNTOS CIEGOS

Sobre los motivos que originaron la actuación policial sigue habiendo versiones contradictorias. En lo que parecen coincidir todas es en que las personas que acabaron detenidas, junto a otras dos, acudieron a primera hora de la mañana al Carrefour de la plaza de Lavapiés, donde protagonizaron una discusión con una cajera a la hora de pagar una compra, lo que motivó la intermediación del guardia de seguridad del centro, quien en declaraciones a Telemadrid ha dicho que uno de los jóvenes iba bebido.

Ya a las puertas del establecimiento hay quien afirma que hubo una pelea entre los mismos jóvenes y que se reclamó la presencia de la policía, cuya llegada acabó con la discusión pero se inició un enfrentamiento con los implicados al tratar de identificarlos. Las imágenes que se han hecho virales mostrarían cómo los agentes acabaron resolviendo toda esta situación.

El Secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, ha reclamado que se revisen las imágenes que haya podido grabar una cámara municipal de seguridad instalada en la esquina de la calle Sombrerete con Lavapiés para ver si arroja luz sobre lo que no se ve en el vídeo difundido en redes sociales. Mbayé, vecino del barrio, exdiputado regional y conocido, entre otras cosas, por su activismo en contra de las identificaciones por perfil racial que denuncia que son una constante en la zona, está convencido de que lo sucedido el pasado viernes es un episodio más del racismo institucional que en España sufren las personas racializadas.