Miembros del grupo popular en la Junta de Centro, con el concejal presidente Carlos Segura en mitad de ellos | Foto: PP CENTRO

Al pleno del distrito Centro de este mes de junio, celebrado este jueves, el grupo municipal de Más Madrid llevaba para su votación una propuesta con el siguiente texto: «Instar al órgano competente a duplicar el número de inspectores de la Agencia de Actividades (ADA) para hacer efectivo el cierre, antes del 31 de diciembre de 2024, de todas las viviendas de uso turístico ilegales del Distrito Centro reconocidas como tal por el Ayuntamiento el pasado 20 de mayo de 2024″.

La proposición, que era poco más que una declaración de intenciones, un apremiar a los órganos municipales competentes, desde la voluntad política, a que tomen cartas en el asunto de la ilegalidad de miles de pisos turísticos en la ciudad y, particularmente, en el distrito, fue rechazada con los votos en contra de los 14 miembros del grupo popular, la abstención de los dos concejales de Vox y, por tanto, el insuficiente apoyo de los concejales de Más Madrid (6) y del PSOE (5).

Con el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 21 de mayo, de que únicamente el 7,47% de los 13.502 pisos vacacionales que estima operan en Madrid serían legales, 1.008 del total, el alcalde Almeida estaba reconociendo por sí solo la incapacidad de su administración de hacer cumplir la legalidad vigente. En el distrito Centro, el que mayor concentración de este tipo de alojamientos presenta, son sólo 158 los negocios que operan con permiso y de los legales, 72 están en Lavapiés-Embajadores.

Aunque no han sido pocas las veces que el alcalde ha dicho que su objetivo es acabar con toda la oferta ilegal de VUT que reconoce que existe y mientras que ultima una modificación del Plan Especial de Hospedaje que ya vende como alternativa reguladora del sector, pero cuyas líneas de actuación se desconocen y que no estará lista, como mínimo, hasta el primer trimestre de 2025, votaciones de su grupo municipal como las de este jueves en el pleno de la Junta no hacen más que dar pábulo a quienes desde la oposición critican la inacción del equipo de gobierno en la materia, así como su falta de voluntad política para atajar un problema mayúsculo como el del negocio ilegal del alquiler turístico.

En el mismo sentido que la proposición que ha sido rechazada este jueves, asociaciones vecinales reclamaban el miércoles dotar a Ayuntamiento y Comunidad de más servicios de inspección porque los actuales son «escasos» y el aumento que de ellos tendría en mente Martínez-Almeida, de un 15%, lo consideran «ridículo», más aún teniendo en cuenta que no estarían únicamente dedicados a controlar VUT.

Estas declaraciones fueron hechas durante un acto en el que la Oficina de Afectados por las VUT y las asociaciones vecinales dieron a conocer que acababan de presentar 10.134 denuncias administrativas contra viviendas ilegales de uso turístico, reclamando al Ayuntamiento que restituyera la legalidad en un plazo máximo de tres meses y advirtiendo al Consistorio de que, de no hacerlo en el tiempo fijado por normativa, actuarían judicialmente contra él por «inacción».