A las 12 de la mañana de este martes, Marina, una vecina de 94 años residente desde hace tres décadas en un piso del número 35 de la calle Doctor Fourquet, recibía el apoyo de algo más de medio centenar de sus vecinos que, ante una alerta sobre su posible desahucio ese mismo día -lanzada en las redes de apoyo social de Lavapiés-, se habían congregado ante su domicilio a la espera de la posible llegada de una comisión judicial con la que tratar de dialogar para retrasar la ejecución del lanzamiento de la anciana.

Sin más familia en Madrid que un sobrino, Marina cobra una pensión contributiva del Estado que en un momento no le dio para hacer frente al pago del alquiler de su piso. Sin alternativa habitacional alguna y con graves dificultades de movilidad, que le llevan a tener que recibir asistencia social en su domicilio, afirman quienes la conocen que no está en condiciones de vivir sola en otro lugar distinto al que ha sido su casa durante los últimos 30 años.

Finalmente, este 6 de febrero no ha sido el día en el que este nonagenaria ha tenido que abandonar su vivienda. Un informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales municipales había paralizado ya el desahucio, otorgando a Marina un plazo de 5 días desde la notificación del mismo para presentar alegaciones. Transcurrido ese plazo será un juez quien decida nuevamente lo que hacer tras escuchar a las partes interesadas.

ULMITATUM PARA MARIANO: 12 DE FEBRERO

En una situación parecida a la de Marina se encuentra Mariano, vecino de 65 años del número 1 de la calle Carnero y que ya se enfrentó a un alzamiento en noviembre de 2022. En aquella ocasión, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, pudo sortear un desahucio que tiene nueva fecha de ejecución: 12 de febrero.

Este mismo martes, Mariano, junto a un puñado de activistas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y el apoyo de algún vecino han protagonizado una acción de protesta en el Hospital de la VOT de San Francisco, lugar donde se encuentran las oficinas de su casero, la congregación secular de franciscanos Venerable Orden Tercera (VOT).

Allí han exigido la paralización del desahucio y una solución para Mariano quien, como Marina, tampoco tiene alternativa habitacional alguna.

En cualquier caso, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una concentración de apoyo a Mariano para el próximo lunes, a las 10 horas, fecha del señalado lanzamiento, delante de su domicilio, al tiempo que recuerda que su casero es un gran tenedor de propiedades en el centro de Madrid y, especialmente, en el barrio de Embajadores, y que «está exento de pagar impuestos por sus viviendas» por ser una congregación religiosa y que su situación económica le permite no tener que llegar al extremo de expulsar de sus casas a personas sin alternativa habitacional, pudiendo llegar a algún tipo de acuerdo con ellos.

El Sindicato de Inquilinos también defiende el derecho de Mariano a permanecer en el piso en el que vive señalando que el pasado 27 de diciembre de 2023 el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de este la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que, paralelamente, extiende hasta el 31 de enero de 2025 la posibilidad de que los arrendadores o propietarios afectados por la misma soliciten al Estado la compensación que corresponda.